A review in America Magazine of the book "And You Welcomed Me: Migration and Catholic Social Teachings", edited by Donald Kerwin and Jill Marie Gerschutz.
America Magazine - Come in, Stranger
Sunday, February 28, 2010
Saturday, February 20, 2010
Su identidad: afromexicanos e inmigrantes
La diversidad cultural y racial mexicana que tanto olvidamos ... y que se regenera en las comunidades inmigrantes que estamos creando en Estados Unidos:
Su identidad: afromexicanos e inmigrantes - VIVELOHOY
Su identidad: afromexicanos e inmigrantes - VIVELOHOY
Friday, February 19, 2010
Wednesday, February 17, 2010
Tuesday, February 16, 2010
ICIRR demands Western Union return $17 million in immigrant wire transfers illegally seized
Press Release/Comunicado de Prensa
(English Version Below)
Coalición de Illinois Pro-derecho de Inmigrantes y Refugiados
Para su difusión inmediata - Declaración
Febrero 15, 2010
Para mayor información, contacte:
Joshua Hoyt, 773.443. 0539
Western Unión pagara $94 millones de dólares en acuerdo con el Estado de Arizona pero se niega a devolver dinero ilegalmente confiscado a inmigrantes:
ICIRR exige a Western Unión devolver el dinero confiscado ilegalmente de transferencias de dinero antes de la “Marcha Por America” del 21 de Marzo de 2010
Las transferencias de los clientes de Western Union estarán una vez más en peligro de confiscación?
El jueves 11 de febrero, el Fiscal del Estado de Arizona Terry Goddard anunció el acuerdo con Western Unión, el cual resuelve "todos los problemas relevantes entre Western Unión y el Estado de Arizona".
La Coalición de Illinois pro los derechos de inmigrantes y refugiados (ICIRR) denuncia fehacientemente este acuerdo. El director ejecutivo de ICIRR Joshua Hoyt declaró: “Western Union mostró sus verdaderas intenciones mediante la decisión de comprar paz del Fiscal General de Arizona, y dejando a sus clientes inmigrantes a la deriva. Western Unión ha comprado investigaciones en su "alegada mala conducta" (para que no sigan investigándolo), pero no ha tomado ninguna acción para devolver los $17 millones de dólares tomados de sus clientes ilegalmente por el Estado de Arizona y de ahora en adelante, todas las transferencias realizadas por parte de los clientes de Western Union, podrán estar sujetas a confiscación por el estado de Arizona con la complicidad de la compañía.
ICIRR exige a Western Union la devolución de los $17 millones en fondos ilegalmente confiscados de sus clientes antes del 21 de Marzo del 2010; y de negarse Western Union a cooperar en futuras confiscaciones ilegales del dinero de sus clientes sin una causa probable.
Antecedentes: Entre el 2002 y el 2006 Western Union cooperó secretamente con el Fiscal de Estado de Arizona Tedd Goddard en la confiscación de miles de pequeñas transferencias electrónicas el Estado de Arizona, con un total de $17 millones de dólares. Estas confiscaciones ilegales estuvieron basadas en la presunción de culpabilidad de que todas las transferencias fueron usadas para el tráfico de personas, y eventualmente todas las transferencias de más de $500 dólares de 29 estados fueron confiscadas.
Los clientes que enviaron sus transferencias por Western Union nunca fueron advertidos de que el dinero enviado a Arizona independientemente del propósito del envío, podría ser confiscado y nunca fueron notificados por Western Union o el Estado de Arizona de que el dinero había sido retenido. Estos fondos fueron confiscados sin causa probable individual o sospecha de culpa. Si los clientes que recibían el dinero trataban de investigar a donde había sido llevado su dinero, estaban sujetos a interrogación policial y nunca hubo ninguna audiencia en la corte. En más del 90% de las confiscaciones hechas por los agentes policiales, se tomó la decisión de quedarse con el dinero.
En el 2006, Western Union cooperó con ICIRR ayudando con la preparación de una demanda legal federal, de parte de los clientes de Western Union, quienes están pidiendo que estas confiscaciones sean declaradas una violación de sus derechos constitucionales al estar exentos de confiscaciones fiscales si no hubiera una causa probable, por estar protegidos por la presunción de inocencia, y de estar libres de interferencia del estado en el comercio interestatal y comercial. La demanda fue presentada el 18 de Octubre del 2006. En una editorial el 18 de Noviembre del 2006, el Chicago Tribune declaró:
“La intervención de dinero de Arizona le da la vuelta a un principio fundamental del Derecho, pues "presume que el dueño es culpable hasta que se demuestre que es inocente".
Adicionalmente, Western Unión presentó una demanda en la corte del Estado de Arizona para detener las confiscaciones de parte del Estado de Arizona hacia el Estado de Sonora en México. Estas confiscaciones fueron declaradas ilegales por la Suprema Corte del Estado de Arizona en Junio del 2009. La combinación de demandas resultó en un paro a las confiscaciones ilegales de los fondos de transferencia de Western Union.
El acuerdo: en su reporte de Octubre, Western Union indicó que estaba ahorrando algunos fondos para llevar a cabo una gran negociación con el Estado de Arizona.
El abogado de ICIRR solicitó que los clientes cuyo dinero fue tomado ilegalmente, también fueran incluidos en la negociación. La solicitud de ICIRR fue negada. Hasta la fecha, Western Union se ha negado a devolver incluso lo que fue determinado como ilegalmente confiscado por la Suprema Corte de Arizona.
El 11 de Febrero, el Fiscal General de Arizona: Goddard, anunció una negociación con pagos de $94 millones por parte de Western Union. Esto incluye $21 millones "para ser reembolsados a la oficina del Fiscal General de Arizona, El Departamento de Seguridad Publica de Arizona y el Departamento de Policía de Phoenix por los gastos incurridos en investigaciones realizadas por Western Union y sus agentes.” $50 millones de dólares adicionales serán donados en subvenciones para las agencias locales de estados de la frontera para pelear crímenes fronterizos, incluyendo el tráfico de personas. Western Union dijo no estar haciendo nada mal.
El comunicado de prensa sobre el acuerdo y las declaraciones de Goddard en el New York Times admitieron que: la mayoría del dinero transferido a Arizona por Western Union tenía propósitos legítimos", pero no hubo ninguna provisión hecha para devolver el dinero ilegalmente tomado de sus clientes. Además, el Fiscal General Goddard anunció al New York Times que las confiscaciones de las transferencias de los clientes de Western Union continuarían.
El significado del acuerdo: El acuerdo de Western Union con el Fiscal General Goddard significa varias cosas:
· No solamente Western Union está de acuerdo en que el Estado de Arizona se quede con $17 millones de dólares del dinero de sus clientes que fue confiscado ilegalmente, pero además Western Union le pagará adicionalmente a Arizona $21 millones por el tiempo en que sus agencia policíacas invirtieron en la confiscación del dinero de los clientes.
· Western Union se compromete a otorgar $50 millones adicionales a las agencias policíacas en los Estados Unidos y la frontera de México, pero no dice una palabra sobre la devolución de siquiera un centavo a sus propios clientes inmigrantes.
· Western Union se ha comprometido aparentemente a cooperar con el Fiscal General Goddard en futuras confiscaciones secretas de transferencias de sus clientes.
· Ambos, Western Union y el estado de Arizona estuvieron de acuerdo de que la mayoría de transferencias de dinero a Arizona fueron para propósitos legítimos, pero ninguna provisión se hizo para regresar el dinero a los inmigrantes.
Llamada a la acción: ICIRR cree firmemente que a través de este acuerdo Western Union ha traicionado la confianza de sus clientes. Western Union gastó $94 millones de dólares para que el Fiscal General de Arizona los dejara en paz, pero no hizo ningún esfuerzo para devolver los fondos del dinero confiscado ilegalmente de las transferencias de sus clientes inmigrantes.
Western Union ha premiado a las confiscaciones ilegales hechas por el Fiscal General Goddard de Arizona, confiscaciones ya de por si declaradas ilegales por la Suprema Corte de Arizona. Ademas, parece ser que Western Union participará en confiscaciones futuras secretas de transferencias hechas en el futuro por sus clientes por parte del Fiscal General de Arizona. Algunos en la comunidad inmigrante están haciendo un llamando para boicotear a Western Union y así proteger a la comunidad de futuras confiscaciones ilegales de dinero y para conseguir que Western Union devuelva el dinero a los inmigrantes.
ICIRR solicita a Western Union que lleve a cabo un acuerdo para devolver los fondos tomados ilegalmente de sus clientes y que ser reúse a participar en futuras confiscaciones de dinero de sus clientes, antes de la “Marcha Por América” a realizarse en Washington D.C. el 21 de Marzo de 2010.
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Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights
For Immediate Release- Statement
February 15, 2010
For more information, contact:
Joshua Hoyt, 773.443. 0539 (mobile)
Western Union to Pay $94 Million in Settlement with State of Arizona - But Refuses to Return Immigrant $ Illegally Seized: ICIRR demands Western Union return $17 million in immigrant wire transfers illegally seized by “March for America”, March 21, 2010
Western Union Customer Wire Transfers Again at Risk of Seizure?
On Thursday, February 11 the Attorney General of Arizona Terry Goddard announced a $94 million settlement with Western Union. Western Union has agreed to pay that sum to “resolve all outstanding issues between Western Union and the State of Arizona.”
The Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights (ICIRR) strongly denounces this settlement. ICIRR Executive Director Joshua Hoyt stated: “Western Union has again shown its true colors. It has chosen to buy peace from the Attorney General of Arizona, while selling out its immigrant customers. Once again, it is throwing its immigrant customers under the bus.”
Hoyt explained that: “Western Union has aided and abetted the State of Arizona in unconstitutionally seizing more than $17 million of its customer’s funds, using a dragnet that confiscated all wire transfers into the state of Arizona in amounts more than $500 on the presumption that each and every one of them was a payment for drugs or human smuggling. In fact, the majority of the wire transfers were for legitimate purposes such as purchase of medicine, car payments, and to help relatives. Western Union encouraged immigrant customers to make Western Union wire transfers knowing that Arizona would seize them. Western Union entrapped its customers. And Western Union has profited from these seizures, continuing to hold substantial amounts of the funds seized.
“ Now, once again abandoning its customers, Western Union has paid $94 million to ‘make nice’ with Arizona, in order to ramp up its business in Arizona again, while making no effort to return even one cent of the $17 million in wire transfers that the company caused its customers to lose. Following the worst model of a corporate citizen, it has put its customers last and itself first. And it has invited the state of Arizona to resume seizing and forfeiting its customer’s funds, without either acknowledging to its customers that it did that in the past or notifying them that it is now doing it again. To add insult to injury, Western Union thinks nothing of paying $94 million to the State of Arizona, to fund an unconstitutional program of seizures, while refunding not even one dollar to its customers whose funds were unconstitutionally seized and, now, may well be unconstitutionally seized again.
“ICIRR demands that Western Union return $17 million in funds illegally taken from its customers by the March for America in Washington, D.C. on March 21, 2010, and that Western Union refuse to cooperate in further illegal seizures of its customer’s money without probable cause.”
Background: Between 2002 and 2006 Western Union secretly cooperated with Arizona Attorney General Terry Goddard in seizing thousands of small wire transfers to the State of Arizona, totaling some $17 million. Western Union aided and abetted Arizona in conducting dragnet, mass seizures, without probable cause, seizures that operated on the patently false assumption that all wire transfers in sums of $500 or more destined for Arizona or Sonora Mexico must presumptively be funds intended for payment for drug trafficking or human trafficking. Of course, many, many were not. They were family support payments, loans to pay medical bills, tithing to churches, legitimate commercial transactions, and all manner of lawful activity.
Western Union’s g customers were never warned that money sent to Arizona, regardless of its purpose, would be seized, and were never notified by either Western Union or the State of Arizona that their money had been taken and forfeiture proceedings initiated to convert those funds to property of the State of Arizona. The funds were seized with no individual probable cause or suspicion of guilt. If the receiving customer inquired why their money was taken, they were subjected to police interrogation and never got their day in court. In over 90% of the seizures the police officers made the decision to keep the money.
In 2006 Western Union actively cooperated with ICIRR in assisting with the preparation of a federal lawsuit on behalf of three Western Union customers, as representatives of a class of plaintiffs, who contended that their wire transfers were taken illegally and this represented a violation of constitutional rights, including protection from undue searches and seizures, guaranteeing a presumption of innocence, and interference in the commerce clause. The lawsuit was filed on October 18, 2006. In an editorial on November 18, 2006 the Chicago Tribune stated: “Arizona's money interdiction turns a fundamental principle on its head: It seizes property and presumes the owner to be guilty until he proves himself to be innocent.”
In June of 2009, the Arizona Supreme Court formally ruled with respect to one portion of the seized funds, funds that been sent by Western Union’s customers to Sonora, Mexico, that their seizure was unconstitutional. The Settlement: In public filings in October Western Union indicated that it was setting aside funds for an anticipated payment to the State of Arizona to settle disputes with Arizona. ICIRR’s attorneys asked that the Western Union customers whose money was taken illegally also be included in the settlement. ICIRR’s request was denied. To date, Western Union has even refused to return the funds that were determined to be illegally seized by the Arizona Supreme Court.
On February 11 Attorney General Goddard of Arizona announced a settlement with payments of up to $94 million by Western Union. This includes $21 million “to reimburse the Arizona Attorney General’s Office, the Arizona Department of Public Safety and the Phoenix Police Department for the expenses they incurred in investigating activity by Western Union and its agents.” An additional $50 million will be donated for grants to Border States law enforcement agencies
(English Version Below)
Coalición de Illinois Pro-derecho de Inmigrantes y Refugiados
Para su difusión inmediata - Declaración
Febrero 15, 2010
Para mayor información, contacte:
Joshua Hoyt, 773.443. 0539
Western Unión pagara $94 millones de dólares en acuerdo con el Estado de Arizona pero se niega a devolver dinero ilegalmente confiscado a inmigrantes:
ICIRR exige a Western Unión devolver el dinero confiscado ilegalmente de transferencias de dinero antes de la “Marcha Por America” del 21 de Marzo de 2010
Las transferencias de los clientes de Western Union estarán una vez más en peligro de confiscación?
El jueves 11 de febrero, el Fiscal del Estado de Arizona Terry Goddard anunció el acuerdo con Western Unión, el cual resuelve "todos los problemas relevantes entre Western Unión y el Estado de Arizona".
La Coalición de Illinois pro los derechos de inmigrantes y refugiados (ICIRR) denuncia fehacientemente este acuerdo. El director ejecutivo de ICIRR Joshua Hoyt declaró: “Western Union mostró sus verdaderas intenciones mediante la decisión de comprar paz del Fiscal General de Arizona, y dejando a sus clientes inmigrantes a la deriva. Western Unión ha comprado investigaciones en su "alegada mala conducta" (para que no sigan investigándolo), pero no ha tomado ninguna acción para devolver los $17 millones de dólares tomados de sus clientes ilegalmente por el Estado de Arizona y de ahora en adelante, todas las transferencias realizadas por parte de los clientes de Western Union, podrán estar sujetas a confiscación por el estado de Arizona con la complicidad de la compañía.
ICIRR exige a Western Union la devolución de los $17 millones en fondos ilegalmente confiscados de sus clientes antes del 21 de Marzo del 2010; y de negarse Western Union a cooperar en futuras confiscaciones ilegales del dinero de sus clientes sin una causa probable.
Antecedentes: Entre el 2002 y el 2006 Western Union cooperó secretamente con el Fiscal de Estado de Arizona Tedd Goddard en la confiscación de miles de pequeñas transferencias electrónicas el Estado de Arizona, con un total de $17 millones de dólares. Estas confiscaciones ilegales estuvieron basadas en la presunción de culpabilidad de que todas las transferencias fueron usadas para el tráfico de personas, y eventualmente todas las transferencias de más de $500 dólares de 29 estados fueron confiscadas.
Los clientes que enviaron sus transferencias por Western Union nunca fueron advertidos de que el dinero enviado a Arizona independientemente del propósito del envío, podría ser confiscado y nunca fueron notificados por Western Union o el Estado de Arizona de que el dinero había sido retenido. Estos fondos fueron confiscados sin causa probable individual o sospecha de culpa. Si los clientes que recibían el dinero trataban de investigar a donde había sido llevado su dinero, estaban sujetos a interrogación policial y nunca hubo ninguna audiencia en la corte. En más del 90% de las confiscaciones hechas por los agentes policiales, se tomó la decisión de quedarse con el dinero.
En el 2006, Western Union cooperó con ICIRR ayudando con la preparación de una demanda legal federal, de parte de los clientes de Western Union, quienes están pidiendo que estas confiscaciones sean declaradas una violación de sus derechos constitucionales al estar exentos de confiscaciones fiscales si no hubiera una causa probable, por estar protegidos por la presunción de inocencia, y de estar libres de interferencia del estado en el comercio interestatal y comercial. La demanda fue presentada el 18 de Octubre del 2006. En una editorial el 18 de Noviembre del 2006, el Chicago Tribune declaró:
“La intervención de dinero de Arizona le da la vuelta a un principio fundamental del Derecho, pues "presume que el dueño es culpable hasta que se demuestre que es inocente".
Adicionalmente, Western Unión presentó una demanda en la corte del Estado de Arizona para detener las confiscaciones de parte del Estado de Arizona hacia el Estado de Sonora en México. Estas confiscaciones fueron declaradas ilegales por la Suprema Corte del Estado de Arizona en Junio del 2009. La combinación de demandas resultó en un paro a las confiscaciones ilegales de los fondos de transferencia de Western Union.
El acuerdo: en su reporte de Octubre, Western Union indicó que estaba ahorrando algunos fondos para llevar a cabo una gran negociación con el Estado de Arizona.
El abogado de ICIRR solicitó que los clientes cuyo dinero fue tomado ilegalmente, también fueran incluidos en la negociación. La solicitud de ICIRR fue negada. Hasta la fecha, Western Union se ha negado a devolver incluso lo que fue determinado como ilegalmente confiscado por la Suprema Corte de Arizona.
El 11 de Febrero, el Fiscal General de Arizona: Goddard, anunció una negociación con pagos de $94 millones por parte de Western Union. Esto incluye $21 millones "para ser reembolsados a la oficina del Fiscal General de Arizona, El Departamento de Seguridad Publica de Arizona y el Departamento de Policía de Phoenix por los gastos incurridos en investigaciones realizadas por Western Union y sus agentes.” $50 millones de dólares adicionales serán donados en subvenciones para las agencias locales de estados de la frontera para pelear crímenes fronterizos, incluyendo el tráfico de personas. Western Union dijo no estar haciendo nada mal.
El comunicado de prensa sobre el acuerdo y las declaraciones de Goddard en el New York Times admitieron que: la mayoría del dinero transferido a Arizona por Western Union tenía propósitos legítimos", pero no hubo ninguna provisión hecha para devolver el dinero ilegalmente tomado de sus clientes. Además, el Fiscal General Goddard anunció al New York Times que las confiscaciones de las transferencias de los clientes de Western Union continuarían.
El significado del acuerdo: El acuerdo de Western Union con el Fiscal General Goddard significa varias cosas:
· No solamente Western Union está de acuerdo en que el Estado de Arizona se quede con $17 millones de dólares del dinero de sus clientes que fue confiscado ilegalmente, pero además Western Union le pagará adicionalmente a Arizona $21 millones por el tiempo en que sus agencia policíacas invirtieron en la confiscación del dinero de los clientes.
· Western Union se compromete a otorgar $50 millones adicionales a las agencias policíacas en los Estados Unidos y la frontera de México, pero no dice una palabra sobre la devolución de siquiera un centavo a sus propios clientes inmigrantes.
· Western Union se ha comprometido aparentemente a cooperar con el Fiscal General Goddard en futuras confiscaciones secretas de transferencias de sus clientes.
· Ambos, Western Union y el estado de Arizona estuvieron de acuerdo de que la mayoría de transferencias de dinero a Arizona fueron para propósitos legítimos, pero ninguna provisión se hizo para regresar el dinero a los inmigrantes.
Llamada a la acción: ICIRR cree firmemente que a través de este acuerdo Western Union ha traicionado la confianza de sus clientes. Western Union gastó $94 millones de dólares para que el Fiscal General de Arizona los dejara en paz, pero no hizo ningún esfuerzo para devolver los fondos del dinero confiscado ilegalmente de las transferencias de sus clientes inmigrantes.
Western Union ha premiado a las confiscaciones ilegales hechas por el Fiscal General Goddard de Arizona, confiscaciones ya de por si declaradas ilegales por la Suprema Corte de Arizona. Ademas, parece ser que Western Union participará en confiscaciones futuras secretas de transferencias hechas en el futuro por sus clientes por parte del Fiscal General de Arizona. Algunos en la comunidad inmigrante están haciendo un llamando para boicotear a Western Union y así proteger a la comunidad de futuras confiscaciones ilegales de dinero y para conseguir que Western Union devuelva el dinero a los inmigrantes.
ICIRR solicita a Western Union que lleve a cabo un acuerdo para devolver los fondos tomados ilegalmente de sus clientes y que ser reúse a participar en futuras confiscaciones de dinero de sus clientes, antes de la “Marcha Por América” a realizarse en Washington D.C. el 21 de Marzo de 2010.
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Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights
For Immediate Release- Statement
February 15, 2010
For more information, contact:
Joshua Hoyt, 773.443. 0539 (mobile)
Western Union to Pay $94 Million in Settlement with State of Arizona - But Refuses to Return Immigrant $ Illegally Seized: ICIRR demands Western Union return $17 million in immigrant wire transfers illegally seized by “March for America”, March 21, 2010
Western Union Customer Wire Transfers Again at Risk of Seizure?
On Thursday, February 11 the Attorney General of Arizona Terry Goddard announced a $94 million settlement with Western Union. Western Union has agreed to pay that sum to “resolve all outstanding issues between Western Union and the State of Arizona.”
The Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights (ICIRR) strongly denounces this settlement. ICIRR Executive Director Joshua Hoyt stated: “Western Union has again shown its true colors. It has chosen to buy peace from the Attorney General of Arizona, while selling out its immigrant customers. Once again, it is throwing its immigrant customers under the bus.”
Hoyt explained that: “Western Union has aided and abetted the State of Arizona in unconstitutionally seizing more than $17 million of its customer’s funds, using a dragnet that confiscated all wire transfers into the state of Arizona in amounts more than $500 on the presumption that each and every one of them was a payment for drugs or human smuggling. In fact, the majority of the wire transfers were for legitimate purposes such as purchase of medicine, car payments, and to help relatives. Western Union encouraged immigrant customers to make Western Union wire transfers knowing that Arizona would seize them. Western Union entrapped its customers. And Western Union has profited from these seizures, continuing to hold substantial amounts of the funds seized.
“ Now, once again abandoning its customers, Western Union has paid $94 million to ‘make nice’ with Arizona, in order to ramp up its business in Arizona again, while making no effort to return even one cent of the $17 million in wire transfers that the company caused its customers to lose. Following the worst model of a corporate citizen, it has put its customers last and itself first. And it has invited the state of Arizona to resume seizing and forfeiting its customer’s funds, without either acknowledging to its customers that it did that in the past or notifying them that it is now doing it again. To add insult to injury, Western Union thinks nothing of paying $94 million to the State of Arizona, to fund an unconstitutional program of seizures, while refunding not even one dollar to its customers whose funds were unconstitutionally seized and, now, may well be unconstitutionally seized again.
“ICIRR demands that Western Union return $17 million in funds illegally taken from its customers by the March for America in Washington, D.C. on March 21, 2010, and that Western Union refuse to cooperate in further illegal seizures of its customer’s money without probable cause.”
Background: Between 2002 and 2006 Western Union secretly cooperated with Arizona Attorney General Terry Goddard in seizing thousands of small wire transfers to the State of Arizona, totaling some $17 million. Western Union aided and abetted Arizona in conducting dragnet, mass seizures, without probable cause, seizures that operated on the patently false assumption that all wire transfers in sums of $500 or more destined for Arizona or Sonora Mexico must presumptively be funds intended for payment for drug trafficking or human trafficking. Of course, many, many were not. They were family support payments, loans to pay medical bills, tithing to churches, legitimate commercial transactions, and all manner of lawful activity.
Western Union’s g customers were never warned that money sent to Arizona, regardless of its purpose, would be seized, and were never notified by either Western Union or the State of Arizona that their money had been taken and forfeiture proceedings initiated to convert those funds to property of the State of Arizona. The funds were seized with no individual probable cause or suspicion of guilt. If the receiving customer inquired why their money was taken, they were subjected to police interrogation and never got their day in court. In over 90% of the seizures the police officers made the decision to keep the money.
In 2006 Western Union actively cooperated with ICIRR in assisting with the preparation of a federal lawsuit on behalf of three Western Union customers, as representatives of a class of plaintiffs, who contended that their wire transfers were taken illegally and this represented a violation of constitutional rights, including protection from undue searches and seizures, guaranteeing a presumption of innocence, and interference in the commerce clause. The lawsuit was filed on October 18, 2006. In an editorial on November 18, 2006 the Chicago Tribune stated: “Arizona's money interdiction turns a fundamental principle on its head: It seizes property and presumes the owner to be guilty until he proves himself to be innocent.”
In June of 2009, the Arizona Supreme Court formally ruled with respect to one portion of the seized funds, funds that been sent by Western Union’s customers to Sonora, Mexico, that their seizure was unconstitutional. The Settlement: In public filings in October Western Union indicated that it was setting aside funds for an anticipated payment to the State of Arizona to settle disputes with Arizona. ICIRR’s attorneys asked that the Western Union customers whose money was taken illegally also be included in the settlement. ICIRR’s request was denied. To date, Western Union has even refused to return the funds that were determined to be illegally seized by the Arizona Supreme Court.
On February 11 Attorney General Goddard of Arizona announced a settlement with payments of up to $94 million by Western Union. This includes $21 million “to reimburse the Arizona Attorney General’s Office, the Arizona Department of Public Safety and the Phoenix Police Department for the expenses they incurred in investigating activity by Western Union and its agents.” An additional $50 million will be donated for grants to Border States law enforcement agencies
Monday, February 15, 2010
CDPME: Manifiesto a la Nacion Sobre los Mexicanos en el Extranjero
El siguiente es un documento con propuestas sobre el tema migratorio de la CDPME (Coalición por los Derechos Políticos de los Mexicanos en el Extranjero):
MANIFIESTO A LA NACIÓN
En el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución.
Las mexicanas y mexicanos en el extranjero demandamos el lugar que nos corresponde en la superación de los problemas que enfrenta México y en la creación de un mejor futuro.
14 de febrero de 2010.
México nos enorgullece, y también nos duele.
Acontecimientos históricos como el Grito de Dolores, la Abolición de la Esclavitud y Los Sentimientos de la Nación durante la lucha del pueblo por la Independencia, y el Plan de San Luis, el Plan de Ayala, y la Constitución de 1917 durante la Revolución forman parte de nuestra herencia de ideales por una patria soberana, próspera, justa y democrática.
La admirable y vasta cultura mexicana, de la que nos alimentamos y a la cual también enriquecemos, así como la historia libertaria de México y de sus movimientos populares, incluidos los del pueblo migrante, reafirman nuestro sentido de identidad y pertenencia, constituyendo un motivo de orgullo.
Por otra parte, haber tenido que dejar el país en busca de empleo y mejores condiciones de vida que aquí no encontramos, y constatar la grave persistencia de la injusticia y la desigualdad, de la corrupción y la impunidad son realidades que nos llenan de tristeza e indignación.
Estados Unidos presume “el sueño americano.” Por nuestra parte, con millones de ciudadanas y ciudadanos en territorio nacional compartimos “el sueño mexicano.”
Al emigrar y residir en el extranjero, especialmente en Estados Unidos, enfrentamos desintegración familiar, desarraigo, peligro de muerte en la frontera, atropellos de la delincuencia organizada, violación a derechos humanos y laborales por parte de empleadores, y separación familiar, redadas, acoso y deportación a manos de policías y autoridades migratorias. A pesar de ello, con nuestro esfuerzo individual y colectivo, con nuestros movimientos y luchas sociales hemos ganado reconocimiento como pueblo trabajador, productivo, y empeñado en salir adelante. Al lado de inmigrantes de otros países constituimos, más allá de prejuicios y xenofobia, la fuerza laboral y la nueva sangre que renuevan a la sociedad, la economía, la política y la cultura estadounidenses.
Los avances históricos que hemos logrado en el exterior, y las luchas que en la actualidad llevamos a cabo por nuestros derechos, nos han dado mayor conciencia de la responsabilidad que tenemos para contribuir a crear en México una nación que:
• fundamente su soberanía en el cumplimiento de leyes internas e internacionales, en la justicia, y en el ejercicio de derechos y deberes por parte de sus pueblos indios, organizaciones sociales y del conjunto de sus ciudadanas y ciudadanos dentro y fuera del territorio nacional;
• fortalezca la democracia a través de leyes e instituciones que promuevan la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en el desarrollo y evaluación de políticas que afectan su vida;
• base su desarrollo en el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y en la creación de capital humano;
• dirija su relación con el exterior a promover el derecho internacional, la convivencia pacífica, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo compartido;
• caracterice su condición de origen, destino, tránsito y retorno de migrantes con el respeto a la dignidad y derechos de ellas y ellos, y con el reconocimiento a su gran potencial para fortalecer el desarrollo soberano, e incluyente del país;
• una nación, en definitiva, cuyo pueblo, dentro y fuera de su territorio, esté orgulloso de su pasado, comprometido con el presente y abierto al porvenir.
ESTE ES NUESTRO “SUEÑO MEXICANO,” ESTE ES EL MÉXICO QUE QUEREMOS Y POR EL QUE TRABAJAMOS DESDE LOS PAÍSES DONDE RESIDIMOS.
Construyamos una nueva y promisoria relación del Estado con sus comunidades en el exterior. Nuestros destinos se entrelazan y complementan.
Démosle a nuestro destino compartido la visión estratégica que demanda.
Potencial. Más allá de las remesas y de los programas “3 x 1,” hemos adquirido aptitudes, conocimientos y capacidades para ser reconocidos como valiosos actores en políticas públicas y asuntos internacionales de México. En este sentido, un acuerdo de gran aliento entre el Estado y sus ciudadanas y ciudadanos en el exterior, que podría llamarse “Iniciativa Pueblo sin Fronteras,” tendría como objetivo reconocer y detonar el gran potencial de las comunidades migrantes para el desarrollo integral y sustentable de México.
Capital humano. Entre sus componentes principales la Iniciativa incluiría el intercambio de jóvenes, estudiantes, trabajadores, dirigentes sociales, académicos, profesionistas, y empresarios con el propósito de crear, preservar y enriquecer el capital humano de las comunidades en el exterior y el de su país de origen.
Incentivos a nuestra contribución. Junto con el capital humano habría que crear leyes, normas y proyectos que promuevan en México ahorro, inversión, crédito, comercio y creación de empresas individuales, familiares y sociales de las mexicanas y mexicanos en el extranjero. Actualmente la falta de mayor ahorro, inversión, comercio y creación de empresas no tiene como origen nuestra falta de voluntad o interés, sino la carencia de incentivos y facilidades para hacerlo, así como el excesivo papeleo y la corrupción.
Países como India, Filipinas y China entienden el valor estratégico de la migración para su adelanto integral, y han creado en consecuencia las instituciones públicas y privadas, al igual que las políticas y programas de beneficio a los migrantes, sus familias y país de origen. ¿Qué pasa con México?
Entre los componentes que cimentarían una nueva relación del Estado mexicano con sus ciudadanas y ciudadanos en el extranjero estarían los siguientes:
1- Reformas al voto en el exterior.
• El derecho a ejercer nuestro voto a distancia es el vínculo básico de nuestra pertenencia política a la nación mexicana y de nuestra participación para elegir libremente el gobierno y programas que juzguemos mejores para el país y su población. Por ello, es necesario reformar la legislación sobre el voto en el extranjero haciéndola más amable, educativa e incluyente. Reformas que tendrían como base expedir credenciales para votar del Instituto Federal Electoral en las Embajadas y Consulados de México. El primer ejercicio de este voto en las elecciones presidenciales de 2006 nos mostró deficiencias que deben corregirse y aciertos que deben fortalecerse.
2- Representación política.
• En tanto se hace viable el derecho de las mexicanas y mexicanos en el extranjero a ser votados, debe incluirse por ley su representación en el Congreso de la Unión, como ya se hace en la Legislatura de Zacatecas y se podría hacer con gran provecho a nivel municipal, la geografía política y social de mayor interés para los migrantes. Ellas y ellos –trabajadores, dirigentes sociales, académicos, profesionistas, y empresarios- formarían el núcleo legislativo en el Congreso Federal para dar contenido a la nueva relación del Estado con las comunidades mexicanas en el extranjero, así como para encauzar y hacer más benéfica la relación de México con los países donde residimos, especialmente con Estados Unidos, país en el que hemos comenzado a hacer efectiva nuestra importancia electoral y participación en políticas públicas.
3- Reforma migratoria integral en México.
• El mejor apoyo que México puede darnos para logar una reforma migratoria en Estados Unidos es llevando a cabo la que le corresponde. El simple anuncio de que México ha iniciado el proceso para legislar una reforma migratoria integral daría un valioso aliento a Washington y al movimiento pro migrante para llevar a cabo la reforma migratoria que basada en el beneficio de todas las partes interesadas y en la seguridad humana tanto necesitan Estados Unidos, los países de origen, y las trabajadoras y trabajadores internacionales.
• La reforma mexicana respondería a los deberes, necesidades y aspiraciones de México en este campo. Debe ser una reforma con visión integral y estratégica, en lugar de una serie de pequeñas reformas sobre aspectos migratorios y sin conexión entre sí. Una reforma, entonces, que por sus alcances en derechos humanos, previsiones demográficas, impulso a la inmigración, y creación de una sana economía nacional ofrezca al país oportunidades sin precedente para alcanzar un mejor futuro. Una reforma en consecuencia que podría llevar como título, “Ley de población, migración y desarrollo equitativo.”
4- Inclusión en los libros de texto gratuitos.
• Las mexicanas y mexicanos en el extranjero somos parte de la nación mexicana, de su pasado, presente y porvenir. No somos un grupo o un sector social, sino una población similar a la que se encuentra en territorio nacional. Constituimos el pueblo mexicano en la diáspora. De ahí que nuestra historia y actualidad sean patrimonio de México, y deban en consecuencia incluirse en los libros de texto gratuitos a fin de enriquecer la visión de estudiantes y maestros sobre la nación y su pueblo sin fronteras.
• Acordar este año la inclusión de las mexicanas y mexicanos en el extranjero en los libros gratuitos de texto e iniciar el proceso para hacerlo realidad sería el mejor reconocimiento que a ellas y ellos hagan gobernantes y legisladores en ocasión de las conmemoraciones centenarias.
México nos enorgullece y nos duele. Por ambas razones, reiteramos nuestra demanda para que se reconozca cabalmente el lugar que nos corresponde en sanar sus heridas, impulsar su adelanto, y construir un mejor porvenir para todas y todos sus ciudadanos.
¡Viva México! ¡Vivan su Independencia y Revolución! ¡Viva su futuro!
Coalición por los Derechos Políticos de los Mexicanos en el Extranjero:
• Dra. Xóchitl Bada, especialista en asuntos migratorios y organizaciones de migrantes, Universidad de Illinois en Chicago, Chicago, IL.
• Ma. Esther Barber, Presidenta, Asociación Cívica Mexicana de Indiana, Indianapolis, IN.
• Dra. Alejandra Castañeda, especialista en antropología de la migración, San Diego, CA.
• Raúl Caballero, escritor y periodista, Dallas, TX.
• Rufino Domínguez, Coordinador General, Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB), Fresno, CA.
• Rev. Martín García, Presidente y Fundador, La Familia Hispana, Downey, CA.
• Dra. Luin Goldring, socióloga, York University, Toronto, Canadá.
• Martín M. González, Director Ejecutivo, Portland School Alliance, Portland, OR.
• Dra. Miryam Hazan, especialista en migración y organizaciones de migrantes, Washington, DC.
• Rodolfo Hernández Corchado, Director de la revista Blogs, Nueva York, NY.
• Myrna Martínez Nateras, Directora del Programa de Atención a Migrantes, American Friends Service Committee, Fresno, CA.
• Dr. Jesús Martínez Saldaña, consultor en asuntos migratorios, Fresno, CA.
• Mtra. Antonieta Mercado, candidata al doctorado, Universidad de California en San Diego, San Diego, CA.
• Diana Montaño, M.A., estudiante de doctorado, Universidad de Arizona, Tucson, AZ.
• Ángel Morales, Coordinador del Programa de Prevención de la Delincuencia, St. Paul, Minnesota.
• Lic. Carlos Olamendi, Presidente, COR International, San Clemente, CA.
• Reveriano Orozco, Coordinador de la Federación de Clubes Michoacanos Unidos de Nevada, Las Vegas, NV.
• Ing. Luis M. Pelayo, Presidente, Concilio Hispano, Chicago, IL.
• Mtro. Carlos Rojas, especialista en asuntos migratorios, Seattle, WA.
• Raúl Ross, Director de la página electrónica Huellas Mexicanas, Chicago, IL.
• Claudia Villegas Delgado, Huellas Mexicanas, Nueva York, NY.
• Ing. José Alfredo Villegas Trujillo, Coalición por los Derechos Políticos de los Mexicanos en el Extranjero, Denver, CO.
• Lic. Gonzalo Badillo Moreno, especialista en migración y procesos legislativos, México, DF.
• Dra. Leticia Calderón Chelius, especialista en la participación electoral y política de los migrantes, Instituto Mora, México, DF.
• Embajador Leonardo Ffrench, ex Cónsul General en Denver, CO, y Chicago, IL, Cuernavaca, Mor.
• Dra. Patricia Hamm, especialista en migración, El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, B.C..
• Dr. Adolfo Laborde, investigador de asuntos migratorios y periodista, México, DF.
• Ph.D. Miguel Moctezuma L., Especialista en Estudios del Desarrollo y la Migración Internacional México-Estados Unidos, Universidad Autónoma de Zacatecas, Zacatecas, Zac.
• Dr. Javier Perucho, escritor y especialista en literatura de y sobre migrantes, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México, DF.
• Mtro. Primitivo Rodríguez Oceguera, consultor en asuntos migratorios, México, DF.
• Dr. Arturo Santamaría, especialista en sociología y política de la migración, Universidad Autónoma de Sinaloa, Culiacán, Sin.
• Dr. Juan Manuel Sandoval, Coordinador del Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras, INAH, México, DF.
• Carolina Vázquez Rubio, artista visual, México, DF.
MANIFIESTO A LA NACIÓN
En el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución.
Las mexicanas y mexicanos en el extranjero demandamos el lugar que nos corresponde en la superación de los problemas que enfrenta México y en la creación de un mejor futuro.
14 de febrero de 2010.
México nos enorgullece, y también nos duele.
Acontecimientos históricos como el Grito de Dolores, la Abolición de la Esclavitud y Los Sentimientos de la Nación durante la lucha del pueblo por la Independencia, y el Plan de San Luis, el Plan de Ayala, y la Constitución de 1917 durante la Revolución forman parte de nuestra herencia de ideales por una patria soberana, próspera, justa y democrática.
La admirable y vasta cultura mexicana, de la que nos alimentamos y a la cual también enriquecemos, así como la historia libertaria de México y de sus movimientos populares, incluidos los del pueblo migrante, reafirman nuestro sentido de identidad y pertenencia, constituyendo un motivo de orgullo.
Por otra parte, haber tenido que dejar el país en busca de empleo y mejores condiciones de vida que aquí no encontramos, y constatar la grave persistencia de la injusticia y la desigualdad, de la corrupción y la impunidad son realidades que nos llenan de tristeza e indignación.
Estados Unidos presume “el sueño americano.” Por nuestra parte, con millones de ciudadanas y ciudadanos en territorio nacional compartimos “el sueño mexicano.”
Al emigrar y residir en el extranjero, especialmente en Estados Unidos, enfrentamos desintegración familiar, desarraigo, peligro de muerte en la frontera, atropellos de la delincuencia organizada, violación a derechos humanos y laborales por parte de empleadores, y separación familiar, redadas, acoso y deportación a manos de policías y autoridades migratorias. A pesar de ello, con nuestro esfuerzo individual y colectivo, con nuestros movimientos y luchas sociales hemos ganado reconocimiento como pueblo trabajador, productivo, y empeñado en salir adelante. Al lado de inmigrantes de otros países constituimos, más allá de prejuicios y xenofobia, la fuerza laboral y la nueva sangre que renuevan a la sociedad, la economía, la política y la cultura estadounidenses.
Los avances históricos que hemos logrado en el exterior, y las luchas que en la actualidad llevamos a cabo por nuestros derechos, nos han dado mayor conciencia de la responsabilidad que tenemos para contribuir a crear en México una nación que:
• fundamente su soberanía en el cumplimiento de leyes internas e internacionales, en la justicia, y en el ejercicio de derechos y deberes por parte de sus pueblos indios, organizaciones sociales y del conjunto de sus ciudadanas y ciudadanos dentro y fuera del territorio nacional;
• fortalezca la democracia a través de leyes e instituciones que promuevan la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en el desarrollo y evaluación de políticas que afectan su vida;
• base su desarrollo en el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y en la creación de capital humano;
• dirija su relación con el exterior a promover el derecho internacional, la convivencia pacífica, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo compartido;
• caracterice su condición de origen, destino, tránsito y retorno de migrantes con el respeto a la dignidad y derechos de ellas y ellos, y con el reconocimiento a su gran potencial para fortalecer el desarrollo soberano, e incluyente del país;
• una nación, en definitiva, cuyo pueblo, dentro y fuera de su territorio, esté orgulloso de su pasado, comprometido con el presente y abierto al porvenir.
ESTE ES NUESTRO “SUEÑO MEXICANO,” ESTE ES EL MÉXICO QUE QUEREMOS Y POR EL QUE TRABAJAMOS DESDE LOS PAÍSES DONDE RESIDIMOS.
Construyamos una nueva y promisoria relación del Estado con sus comunidades en el exterior. Nuestros destinos se entrelazan y complementan.
Démosle a nuestro destino compartido la visión estratégica que demanda.
Potencial. Más allá de las remesas y de los programas “3 x 1,” hemos adquirido aptitudes, conocimientos y capacidades para ser reconocidos como valiosos actores en políticas públicas y asuntos internacionales de México. En este sentido, un acuerdo de gran aliento entre el Estado y sus ciudadanas y ciudadanos en el exterior, que podría llamarse “Iniciativa Pueblo sin Fronteras,” tendría como objetivo reconocer y detonar el gran potencial de las comunidades migrantes para el desarrollo integral y sustentable de México.
Capital humano. Entre sus componentes principales la Iniciativa incluiría el intercambio de jóvenes, estudiantes, trabajadores, dirigentes sociales, académicos, profesionistas, y empresarios con el propósito de crear, preservar y enriquecer el capital humano de las comunidades en el exterior y el de su país de origen.
Incentivos a nuestra contribución. Junto con el capital humano habría que crear leyes, normas y proyectos que promuevan en México ahorro, inversión, crédito, comercio y creación de empresas individuales, familiares y sociales de las mexicanas y mexicanos en el extranjero. Actualmente la falta de mayor ahorro, inversión, comercio y creación de empresas no tiene como origen nuestra falta de voluntad o interés, sino la carencia de incentivos y facilidades para hacerlo, así como el excesivo papeleo y la corrupción.
Países como India, Filipinas y China entienden el valor estratégico de la migración para su adelanto integral, y han creado en consecuencia las instituciones públicas y privadas, al igual que las políticas y programas de beneficio a los migrantes, sus familias y país de origen. ¿Qué pasa con México?
Entre los componentes que cimentarían una nueva relación del Estado mexicano con sus ciudadanas y ciudadanos en el extranjero estarían los siguientes:
1- Reformas al voto en el exterior.
• El derecho a ejercer nuestro voto a distancia es el vínculo básico de nuestra pertenencia política a la nación mexicana y de nuestra participación para elegir libremente el gobierno y programas que juzguemos mejores para el país y su población. Por ello, es necesario reformar la legislación sobre el voto en el extranjero haciéndola más amable, educativa e incluyente. Reformas que tendrían como base expedir credenciales para votar del Instituto Federal Electoral en las Embajadas y Consulados de México. El primer ejercicio de este voto en las elecciones presidenciales de 2006 nos mostró deficiencias que deben corregirse y aciertos que deben fortalecerse.
2- Representación política.
• En tanto se hace viable el derecho de las mexicanas y mexicanos en el extranjero a ser votados, debe incluirse por ley su representación en el Congreso de la Unión, como ya se hace en la Legislatura de Zacatecas y se podría hacer con gran provecho a nivel municipal, la geografía política y social de mayor interés para los migrantes. Ellas y ellos –trabajadores, dirigentes sociales, académicos, profesionistas, y empresarios- formarían el núcleo legislativo en el Congreso Federal para dar contenido a la nueva relación del Estado con las comunidades mexicanas en el extranjero, así como para encauzar y hacer más benéfica la relación de México con los países donde residimos, especialmente con Estados Unidos, país en el que hemos comenzado a hacer efectiva nuestra importancia electoral y participación en políticas públicas.
3- Reforma migratoria integral en México.
• El mejor apoyo que México puede darnos para logar una reforma migratoria en Estados Unidos es llevando a cabo la que le corresponde. El simple anuncio de que México ha iniciado el proceso para legislar una reforma migratoria integral daría un valioso aliento a Washington y al movimiento pro migrante para llevar a cabo la reforma migratoria que basada en el beneficio de todas las partes interesadas y en la seguridad humana tanto necesitan Estados Unidos, los países de origen, y las trabajadoras y trabajadores internacionales.
• La reforma mexicana respondería a los deberes, necesidades y aspiraciones de México en este campo. Debe ser una reforma con visión integral y estratégica, en lugar de una serie de pequeñas reformas sobre aspectos migratorios y sin conexión entre sí. Una reforma, entonces, que por sus alcances en derechos humanos, previsiones demográficas, impulso a la inmigración, y creación de una sana economía nacional ofrezca al país oportunidades sin precedente para alcanzar un mejor futuro. Una reforma en consecuencia que podría llevar como título, “Ley de población, migración y desarrollo equitativo.”
4- Inclusión en los libros de texto gratuitos.
• Las mexicanas y mexicanos en el extranjero somos parte de la nación mexicana, de su pasado, presente y porvenir. No somos un grupo o un sector social, sino una población similar a la que se encuentra en territorio nacional. Constituimos el pueblo mexicano en la diáspora. De ahí que nuestra historia y actualidad sean patrimonio de México, y deban en consecuencia incluirse en los libros de texto gratuitos a fin de enriquecer la visión de estudiantes y maestros sobre la nación y su pueblo sin fronteras.
• Acordar este año la inclusión de las mexicanas y mexicanos en el extranjero en los libros gratuitos de texto e iniciar el proceso para hacerlo realidad sería el mejor reconocimiento que a ellas y ellos hagan gobernantes y legisladores en ocasión de las conmemoraciones centenarias.
México nos enorgullece y nos duele. Por ambas razones, reiteramos nuestra demanda para que se reconozca cabalmente el lugar que nos corresponde en sanar sus heridas, impulsar su adelanto, y construir un mejor porvenir para todas y todos sus ciudadanos.
¡Viva México! ¡Vivan su Independencia y Revolución! ¡Viva su futuro!
Coalición por los Derechos Políticos de los Mexicanos en el Extranjero:
• Dra. Xóchitl Bada, especialista en asuntos migratorios y organizaciones de migrantes, Universidad de Illinois en Chicago, Chicago, IL.
• Ma. Esther Barber, Presidenta, Asociación Cívica Mexicana de Indiana, Indianapolis, IN.
• Dra. Alejandra Castañeda, especialista en antropología de la migración, San Diego, CA.
• Raúl Caballero, escritor y periodista, Dallas, TX.
• Rufino Domínguez, Coordinador General, Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB), Fresno, CA.
• Rev. Martín García, Presidente y Fundador, La Familia Hispana, Downey, CA.
• Dra. Luin Goldring, socióloga, York University, Toronto, Canadá.
• Martín M. González, Director Ejecutivo, Portland School Alliance, Portland, OR.
• Dra. Miryam Hazan, especialista en migración y organizaciones de migrantes, Washington, DC.
• Rodolfo Hernández Corchado, Director de la revista Blogs, Nueva York, NY.
• Myrna Martínez Nateras, Directora del Programa de Atención a Migrantes, American Friends Service Committee, Fresno, CA.
• Dr. Jesús Martínez Saldaña, consultor en asuntos migratorios, Fresno, CA.
• Mtra. Antonieta Mercado, candidata al doctorado, Universidad de California en San Diego, San Diego, CA.
• Diana Montaño, M.A., estudiante de doctorado, Universidad de Arizona, Tucson, AZ.
• Ángel Morales, Coordinador del Programa de Prevención de la Delincuencia, St. Paul, Minnesota.
• Lic. Carlos Olamendi, Presidente, COR International, San Clemente, CA.
• Reveriano Orozco, Coordinador de la Federación de Clubes Michoacanos Unidos de Nevada, Las Vegas, NV.
• Ing. Luis M. Pelayo, Presidente, Concilio Hispano, Chicago, IL.
• Mtro. Carlos Rojas, especialista en asuntos migratorios, Seattle, WA.
• Raúl Ross, Director de la página electrónica Huellas Mexicanas, Chicago, IL.
• Claudia Villegas Delgado, Huellas Mexicanas, Nueva York, NY.
• Ing. José Alfredo Villegas Trujillo, Coalición por los Derechos Políticos de los Mexicanos en el Extranjero, Denver, CO.
• Lic. Gonzalo Badillo Moreno, especialista en migración y procesos legislativos, México, DF.
• Dra. Leticia Calderón Chelius, especialista en la participación electoral y política de los migrantes, Instituto Mora, México, DF.
• Embajador Leonardo Ffrench, ex Cónsul General en Denver, CO, y Chicago, IL, Cuernavaca, Mor.
• Dra. Patricia Hamm, especialista en migración, El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, B.C..
• Dr. Adolfo Laborde, investigador de asuntos migratorios y periodista, México, DF.
• Ph.D. Miguel Moctezuma L., Especialista en Estudios del Desarrollo y la Migración Internacional México-Estados Unidos, Universidad Autónoma de Zacatecas, Zacatecas, Zac.
• Dr. Javier Perucho, escritor y especialista en literatura de y sobre migrantes, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México, DF.
• Mtro. Primitivo Rodríguez Oceguera, consultor en asuntos migratorios, México, DF.
• Dr. Arturo Santamaría, especialista en sociología y política de la migración, Universidad Autónoma de Sinaloa, Culiacán, Sin.
• Dr. Juan Manuel Sandoval, Coordinador del Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras, INAH, México, DF.
• Carolina Vázquez Rubio, artista visual, México, DF.
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