ICIRR demands Western Union return $17 million in immigrant wire transfers illegally seized

Press Release/Comunicado de Prensa
(English Version Below)

Coalición de Illinois Pro-derecho de Inmigrantes y Refugiados

Para su difusión inmediata - Declaración
Febrero 15, 2010

Para mayor información, contacte:
Joshua Hoyt, 773.443. 0539

Western Unión pagara $94 millones de dólares en acuerdo con el Estado de Arizona pero se niega a devolver dinero ilegalmente confiscado a inmigrantes:
ICIRR exige a Western Unión devolver el dinero confiscado ilegalmente de transferencias de dinero antes de la “Marcha Por America” del 21 de Marzo de 2010

Las transferencias de los clientes de Western Union estarán una vez más en peligro de confiscación?

El jueves 11 de febrero, el Fiscal del Estado de Arizona Terry Goddard anunció el acuerdo con Western Unión, el cual resuelve "todos los problemas relevantes entre Western Unión y el Estado de Arizona".

La Coalición de Illinois pro los derechos de inmigrantes y refugiados (ICIRR) denuncia fehacientemente este acuerdo. El director ejecutivo de ICIRR Joshua Hoyt declaró: “Western Union mostró sus verdaderas intenciones mediante la decisión de comprar paz del Fiscal General de Arizona, y dejando a sus clientes inmigrantes a la deriva. Western Unión ha comprado investigaciones en su "alegada mala conducta" (para que no sigan investigándolo), pero no ha tomado ninguna acción para devolver los $17 millones de dólares tomados de sus clientes ilegalmente por el Estado de Arizona y de ahora en adelante, todas las transferencias realizadas por parte de los clientes de Western Union, podrán estar sujetas a confiscación por el estado de Arizona con la complicidad de la compañía.

ICIRR exige a Western Union la devolución de los $17 millones en fondos ilegalmente confiscados de sus clientes antes del 21 de Marzo del 2010; y de negarse Western Union a cooperar en futuras confiscaciones ilegales del dinero de sus clientes sin una causa probable.

Antecedentes: Entre el 2002 y el 2006 Western Union cooperó secretamente con el Fiscal de Estado de Arizona Tedd Goddard en la confiscación de miles de pequeñas transferencias electrónicas el Estado de Arizona, con un total de $17 millones de dólares. Estas confiscaciones ilegales estuvieron basadas en la presunción de culpabilidad de que todas las transferencias fueron usadas para el tráfico de personas, y eventualmente todas las transferencias de más de $500 dólares de 29 estados fueron confiscadas.

Los clientes que enviaron sus transferencias por Western Union nunca fueron advertidos de que el dinero enviado a Arizona independientemente del propósito del envío, podría ser confiscado y nunca fueron notificados por Western Union o el Estado de Arizona de que el dinero había sido retenido. Estos fondos fueron confiscados sin causa probable individual o sospecha de culpa. Si los clientes que recibían el dinero trataban de investigar a donde había sido llevado su dinero, estaban sujetos a interrogación policial y nunca hubo ninguna audiencia en la corte. En más del 90% de las confiscaciones hechas por los agentes policiales, se tomó la decisión de quedarse con el dinero.

En el 2006, Western Union cooperó con ICIRR ayudando con la preparación de una demanda legal federal, de parte de los clientes de Western Union, quienes están pidiendo que estas confiscaciones sean declaradas una violación de sus derechos constitucionales al estar exentos de confiscaciones fiscales si no hubiera una causa probable, por estar protegidos por la presunción de inocencia, y de estar libres de interferencia del estado en el comercio interestatal y comercial. La demanda fue presentada el 18 de Octubre del 2006. En una editorial el 18 de Noviembre del 2006, el Chicago Tribune declaró:
“La intervención de dinero de Arizona le da la vuelta a un principio fundamental del Derecho, pues "presume que el dueño es culpable hasta que se demuestre que es inocente".

Adicionalmente, Western Unión presentó una demanda en la corte del Estado de Arizona para detener las confiscaciones de parte del Estado de Arizona hacia el Estado de Sonora en México. Estas confiscaciones fueron declaradas ilegales por la Suprema Corte del Estado de Arizona en Junio del 2009. La combinación de demandas resultó en un paro a las confiscaciones ilegales de los fondos de transferencia de Western Union.

El acuerdo: en su reporte de Octubre, Western Union indicó que estaba ahorrando algunos fondos para llevar a cabo una gran negociación con el Estado de Arizona.
El abogado de ICIRR solicitó que los clientes cuyo dinero fue tomado ilegalmente, también fueran incluidos en la negociación. La solicitud de ICIRR fue negada. Hasta la fecha, Western Union se ha negado a devolver incluso lo que fue determinado como ilegalmente confiscado por la Suprema Corte de Arizona.

El 11 de Febrero, el Fiscal General de Arizona: Goddard, anunció una negociación con pagos de $94 millones por parte de Western Union. Esto incluye $21 millones "para ser reembolsados a la oficina del Fiscal General de Arizona, El Departamento de Seguridad Publica de Arizona y el Departamento de Policía de Phoenix por los gastos incurridos en investigaciones realizadas por Western Union y sus agentes.” $50 millones de dólares adicionales serán donados en subvenciones para las agencias locales de estados de la frontera para pelear crímenes fronterizos, incluyendo el tráfico de personas. Western Union dijo no estar haciendo nada mal.

El comunicado de prensa sobre el acuerdo y las declaraciones de Goddard en el New York Times admitieron que: la mayoría del dinero transferido a Arizona por Western Union tenía propósitos legítimos", pero no hubo ninguna provisión hecha para devolver el dinero ilegalmente tomado de sus clientes. Además, el Fiscal General Goddard anunció al New York Times que las confiscaciones de las transferencias de los clientes de Western Union continuarían.

El significado del acuerdo: El acuerdo de Western Union con el Fiscal General Goddard significa varias cosas:

· No solamente Western Union está de acuerdo en que el Estado de Arizona se quede con $17 millones de dólares del dinero de sus clientes que fue confiscado ilegalmente, pero además Western Union le pagará adicionalmente a Arizona $21 millones por el tiempo en que sus agencia policíacas invirtieron en la confiscación del dinero de los clientes.
· Western Union se compromete a otorgar $50 millones adicionales a las agencias policíacas en los Estados Unidos y la frontera de México, pero no dice una palabra sobre la devolución de siquiera un centavo a sus propios clientes inmigrantes.
· Western Union se ha comprometido aparentemente a cooperar con el Fiscal General Goddard en futuras confiscaciones secretas de transferencias de sus clientes.
· Ambos, Western Union y el estado de Arizona estuvieron de acuerdo de que la mayoría de transferencias de dinero a Arizona fueron para propósitos legítimos, pero ninguna provisión se hizo para regresar el dinero a los inmigrantes.

Llamada a la acción: ICIRR cree firmemente que a través de este acuerdo Western Union ha traicionado la confianza de sus clientes. Western Union gastó $94 millones de dólares para que el Fiscal General de Arizona los dejara en paz, pero no hizo ningún esfuerzo para devolver los fondos del dinero confiscado ilegalmente de las transferencias de sus clientes inmigrantes.

Western Union ha premiado a las confiscaciones ilegales hechas por el Fiscal General Goddard de Arizona, confiscaciones ya de por si declaradas ilegales por la Suprema Corte de Arizona. Ademas, parece ser que Western Union participará en confiscaciones futuras secretas de transferencias hechas en el futuro por sus clientes por parte del Fiscal General de Arizona. Algunos en la comunidad inmigrante están haciendo un llamando para boicotear a Western Union y así proteger a la comunidad de futuras confiscaciones ilegales de dinero y para conseguir que Western Union devuelva el dinero a los inmigrantes.


ICIRR solicita a Western Union que lleve a cabo un acuerdo para devolver los fondos tomados ilegalmente de sus clientes y que ser reúse a participar en futuras confiscaciones de dinero de sus clientes, antes de la “Marcha Por América” a realizarse en Washington D.C. el 21 de Marzo de 2010.

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Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights

For Immediate Release- Statement
February 15, 2010
For more information, contact:
Joshua Hoyt, 773.443. 0539 (mobile)

Western Union to Pay $94 Million in Settlement with State of Arizona - But Refuses to Return Immigrant $ Illegally Seized: ICIRR demands Western Union return $17 million in immigrant wire transfers illegally seized by “March for America”, March 21, 2010

Western Union Customer Wire Transfers Again at Risk of Seizure?

On Thursday, February 11 the Attorney General of Arizona Terry Goddard announced a $94 million settlement with Western Union. Western Union has agreed to pay that sum to “resolve all outstanding issues between Western Union and the State of Arizona.”
The Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights (ICIRR) strongly denounces this settlement. ICIRR Executive Director Joshua Hoyt stated: “Western Union has again shown its true colors. It has chosen to buy peace from the Attorney General of Arizona, while selling out its immigrant customers. Once again, it is throwing its immigrant customers under the bus.”

Hoyt explained that: “Western Union has aided and abetted the State of Arizona in unconstitutionally seizing more than $17 million of its customer’s funds, using a dragnet that confiscated all wire transfers into the state of Arizona in amounts more than $500 on the presumption that each and every one of them was a payment for drugs or human smuggling. In fact, the majority of the wire transfers were for legitimate purposes such as purchase of medicine, car payments, and to help relatives. Western Union encouraged immigrant customers to make Western Union wire transfers knowing that Arizona would seize them. Western Union entrapped its customers. And Western Union has profited from these seizures, continuing to hold substantial amounts of the funds seized.

“ Now, once again abandoning its customers, Western Union has paid $94 million to ‘make nice’ with Arizona, in order to ramp up its business in Arizona again, while making no effort to return even one cent of the $17 million in wire transfers that the company caused its customers to lose. Following the worst model of a corporate citizen, it has put its customers last and itself first. And it has invited the state of Arizona to resume seizing and forfeiting its customer’s funds, without either acknowledging to its customers that it did that in the past or notifying them that it is now doing it again. To add insult to injury, Western Union thinks nothing of paying $94 million to the State of Arizona, to fund an unconstitutional program of seizures, while refunding not even one dollar to its customers whose funds were unconstitutionally seized and, now, may well be unconstitutionally seized again.

“ICIRR demands that Western Union return $17 million in funds illegally taken from its customers by the March for America in Washington, D.C. on March 21, 2010, and that Western Union refuse to cooperate in further illegal seizures of its customer’s money without probable cause.”

Background: Between 2002 and 2006 Western Union secretly cooperated with Arizona Attorney General Terry Goddard in seizing thousands of small wire transfers to the State of Arizona, totaling some $17 million. Western Union aided and abetted Arizona in conducting dragnet, mass seizures, without probable cause, seizures that operated on the patently false assumption that all wire transfers in sums of $500 or more destined for Arizona or Sonora Mexico must presumptively be funds intended for payment for drug trafficking or human trafficking. Of course, many, many were not. They were family support payments, loans to pay medical bills, tithing to churches, legitimate commercial transactions, and all manner of lawful activity.

Western Union’s g customers were never warned that money sent to Arizona, regardless of its purpose, would be seized, and were never notified by either Western Union or the State of Arizona that their money had been taken and forfeiture proceedings initiated to convert those funds to property of the State of Arizona. The funds were seized with no individual probable cause or suspicion of guilt. If the receiving customer inquired why their money was taken, they were subjected to police interrogation and never got their day in court. In over 90% of the seizures the police officers made the decision to keep the money.

In 2006 Western Union actively cooperated with ICIRR in assisting with the preparation of a federal lawsuit on behalf of three Western Union customers, as representatives of a class of plaintiffs, who contended that their wire transfers were taken illegally and this represented a violation of constitutional rights, including protection from undue searches and seizures, guaranteeing a presumption of innocence, and interference in the commerce clause. The lawsuit was filed on October 18, 2006. In an editorial on November 18, 2006 the Chicago Tribune stated: “Arizona's money interdiction turns a fundamental principle on its head: It seizes property and presumes the owner to be guilty until he proves himself to be innocent.”

In June of 2009, the Arizona Supreme Court formally ruled with respect to one portion of the seized funds, funds that been sent by Western Union’s customers to Sonora, Mexico, that their seizure was unconstitutional. The Settlement: In public filings in October Western Union indicated that it was setting aside funds for an anticipated payment to the State of Arizona to settle disputes with Arizona. ICIRR’s attorneys asked that the Western Union customers whose money was taken illegally also be included in the settlement. ICIRR’s request was denied. To date, Western Union has even refused to return the funds that were determined to be illegally seized by the Arizona Supreme Court.

On February 11 Attorney General Goddard of Arizona announced a settlement with payments of up to $94 million by Western Union. This includes $21 million “to reimburse the Arizona Attorney General’s Office, the Arizona Department of Public Safety and the Phoenix Police Department for the expenses they incurred in investigating activity by Western Union and its agents.” An additional $50 million will be donated for grants to Border States law enforcement agencies