Los “Dreamers” y la Responsabilidad de las Autoridades Mexicanas

Los “Dreamers” y la Responsabilidad de las Autoridades Mexicanas

Jesús Martínez Saldaña* y Ed Kissam**

El 15 de agosto se inició el proceso de recepción de solicitudes del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés).

DACA es la acción administrativa que ha tomado la administración de Barack Obama para frenar las deportaciones de jóvenes indocumentados que llegaron a suelo estadounidense siendo menores de edad y que tenían menos de 31 años de edad el 15 de junio de 2012, fecha en que el presidente puso en marcha esta decisión. Los jóvenes son popularmente conocidos como “Dreamers” en referencia, tanto a iniciativas reformistas llamadas DREAM Act, que se han presentado a nivel federal y en legislaturas estatales para regularizar el estatus de este grupo social, como al mítico sueño americano que sigue atrayendo inmigrantes de México y otros países.

De acuerdo al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) bajo esta medida, que tendría una vigencia de dos años y que se podría renovar, jóvenes indocumentados no serian deportados de Estados Unidos y tendrían derecho a solicitar una autorización de empleo y otros documentos, como la licencia de conducir (en aquellos estados, como California, que estén dispuestos a permitirlo). No se trata de amnistía ni tampoco de la reforma migratoria sobre la que tanto se ha insistido a lo largo de los años, pero es una decisión, un “peor es nada”, que rompe con años de frustrante parálisis legislativa sobre el tema.

El asunto no es de menor importancia para Estados Unidos ni para México. Instituciones de prestigio como el Migration Policy Institute (MPI) y el Pew Hispanic Research Center han difundido estudios donde se calcula que hay aproximadamente 1.76 millones de jóvenes que se beneficiarían del programa. De esta cantidad, según el MPI, la inmensa mayoría, el 74% (1.3 millones) son mexicanos o centroamericanos. El Immigration Policy Center, por su parte, afirma que los mexicanos constituyen el 68% de los Dreamers.

El gran desafío ahora es el de informar adecuadamente a los potenciales beneficiarios de los requisitos y proceso de solicitud y, si ellos desean proceder con una solicitud, apoyarles para que puedan cumplir con los requerimientos. Y es precisamente en el cumplimiento de los requisitos donde percibimos una serie de obstáculos que pueden impedir que califiquen todos los que son potencialmente elegibles.

Y, desde nuestro punto de vista, las autoridades mexicanas, tanto a nivel federal como estatal, necesariamente están implicadas en este proceso. Depende en gran parte de estas mismas autoridades si resultan ser parte de la solución al dilema de los Dreamers o, en cambio, si se convierten en otro más de los problemas que impedirán su elegibilidad.

¿Por qué argumentamos esto?

En primer lugar, hay que destacar que la solicitud de DACA establece que cada solicitante debe entregar una serie de documentos para comprobar la residencia en Estados Unidos antes de cumplir los 16 años, verificar su identidad personal y nacionalidad, y documentar el estar matriculado en una escuela o haber terminado satisfactoriamente estudios preparatorios (high school) o un programa equivalente (GED por sus siglas en inglés).

Entre los documentos para comprobación de identidad, se acepta copia de cualquiera de los siguientes: pasaporte, acta de nacimiento acompañada de identificación con fotografía, otra identidad oficial del país de origen con foto y huella digital (por ejemplo, la matricula consular), algún documento oficial estadounidense (migratorio, licencia de conducir, etc.), identificación militar, identificación de alguna institución educativa, o algún otro documento igualmente de relevante.

No hay manera de saber cuantos Dreamers de origen mexicano carecen de un documento de identidad para completar su solicitud. Sin embargo, es razonable esperar que se aumente la demanda por estos documentos en los consulados mexicanos que se encuentran en territorio estadounidense, tal y como ya está ocurriendo. Por ejemplo, la cónsul mexicana en Fresno, California, Reyna Torres, ha declarado a la prensa que la demanda por citas para tramitar la expedición de documentos en el consulado que ella encabeza aumentó en un 50% desde que el presidente Obama anuncio el programa DACA el pasado mes de junio. Se da el ejemplo de que el 15 de agosto, día en el que se puso en marcha DACA, el número de citas aumentó de 200 a 500. Se indica que ya ha solicitado ayuda a las autoridades en México para poder atender el incremento en el volumen de citas solicitadas por la población local.

¿Cómo responderá el gobierno federal ante estos desafíos que enfrentan o enfrentaran los consulados?

¿Tendrán los consulados mexicanos la capacidad de respuesta para atender esta posible avalancha de solicitudes?

¿Qué planes tiene el equipo del presidente electo, Enrique Peña Nieto, para ayudar a los Dreamers? ¿Serán prioridad para su gobierno o los dejara a su suerte?

¿Y los gobiernos estatales tienen la capacidad de atender a los migrantes que les soliciten directamente actas de nacimiento o algún otro documento oficial? ¿Se fortalecerán las oficinas estatales de atención al migrante y se agilizaran los tramites para la expedición de actas por parte de los registros civiles, o se convertirán en cuellos de botella que perjudiquen a los Dreamers?

En segundo lugar, es necesario recordar que el DACA está estrechamente vinculado a la matriculación escolar. Cada candidato, según USCIS, debe demostrar que asiste a la escuela, que se ha graduado de high school, o ha obtenido un Certificado de Educacion General (GED), o ha servido honorablemente en las fuerzas armadas. Lamentablemente, hay importantes sectores de la población potencialmente elegible que no tienen acceso fácil a una oportunidad escolar. Lo más preocupante es el caso de Dreamers que son trabajadores agrícolas o que radican en zonas rurales de Estados Unidos.

Fuentes como el MPI calculan que  hay aproximadamente 320,000 personas que cumplen con los requisitos de edad y residencia que establece DACA, pero que en la actualidad no están matriculados en ninguna escuela ni han conseguido el diploma de high school o certificado de GED. Algunos son todavía menores de edad, mientras que otros son jóvenes adultos. Muchos son trabajadores agrícolas o radican en zonas rurales pero tienen empleos de bajos ingresos, laborando en lugares como plantas procesadoras de carne, o industrias como la construcción o el sector de servicios.

De manera más especifica, calculamos que a nivel nacional hay aproximadamente 85,000 trabajadores en zonas rurales y que la mayoria son trabajadores agrícolas que califican para DACA pero que no cumplen con el requisito escolar. Muchos radican en tres estados del Pacifico (California, Oregon y Washington), y 20,000 de ellos en California. Otros estados con altos números de trabajadores agrícolas son Florida, Carolina del Norte, Georgia, Nueva York y Nueva Jersey, Pennsylvania, Tennessee y Kentucky.

En las zonas rurales, trabajadores agrícolas y otros residentes encuentran menos instituciones capaces de ofrecer los programas educativos para jóvenes y adultos que exige DACA. Debido a su estatus de indocumentados, los Dreamers adultos no califican para programas educativos y vocacionales financiados por el gobierno federal, aunque los menores de edad si tienen acceso al programa de Educación Migrante, entre otros. Por si fuera poco, aun en el presente entorno las fundaciones privadas que se han interesado en apoyar proyectos pro-inmigrantes ofrecidos por agencias comunitarias, instituciones públicas o privadas, tienden a canalizar sus recursos a zonas urbanas, dejando a los Dreamers rurales igual de desamparados que antes.

En este renglón los consulados también pueden jugar un papel decisivo, buscando las opciones existentes en las zonas geográficas que les corresponden y haciendo llegar la información de manera veraz y expedita a los interesados, pero si están opciones son insuficientes habrá que generar otras para permitir que cada Dreamer elegible pueda cumplir con el requisito escolar.

El gobierno mexicano tiene la capacidad, y nosotros aseguramos que también la responsabilidad moral y constitucional, de velar por los intereses de los ciudadanos en el extranjero y contribuir a llenar ese vacío que perjudica a los Dreamers. Por ejemplo: por medio de la SRE y con la colaboración activa de la Secretaria de Educación, el gobierno federal puede fortalecer vínculos de colaboración con instituciones educativas con las que ya tiene relación para apoyarles en el desarrollo de programas educativos para que un mayor número de Dreamers adultos obtengan su GED;  asimismo, se puede crear un fondo para apoyar a instituciones privadas y agencias comunitarias autorizadas que ofrecen cursos de ingles vocacional o entrenamiento para empleos; se puede crear un fondo de becas para permitir a Dreamers de bajos recursos en zonas rurales cubrir los gastos de transporte y otros obstáculos financieros que les impiden estudiar; y si el gobierno estadounidense lo autoriza, puede establecer un acuerdo para ofrecer cursos a distancia, vía internet, para cumplir con los requisitos del GED. Las experiencias en el desarrollo de intercambios educativos entre México y Estados Unidos han sido tan amplias y numerosas que seguramente se pueden encontrar muchas soluciones viables si se le asigna prioridad al asunto.

¿Le asignara el gobierno saliente de Felipe Calderón Hinojosa la prioridad necesaria al tema de los Dreamers y estarán a la altura las distintas dependencias que pueden y deben jugar un papel decisivo (SER, Secretaria de Educación, etc.)?

¿El Congreso de la Unión, que lleva años descuidando el tema de los mexicanos en Estados Unidos, mejorará su trabajo legislativo en torno a la emigración con el inicio de labores de la nueva legislatura? ¿Estarán los nuevos legisladores federales interesados en el tema y dispuestos a asignar los recursos necesarios para apoyar a los Dreamers y exigir el adecuado rendimiento de cuentas a las dependencias del Poder Ejecutivo?

¿Habrá alguien en México que abogue a favor de los Dreamers ante las autoridades mexicanas?

Estamos ante una oportunidad de regularizar, aunque sea de manera temporal, el estatus migratorio de muchos mexicanos en los Estados Unidos que salieron de México siendo menores de edad (en otra ocasión podemos discutir las causas de la emigración masiva de mexicanos). En Estados Unidos han padecido múltiples problemas por no contar con documentos migratorios y, en consecuencia, han visto que sus sueños de superación se han frustrado hasta ahora. Aunque para Estados Unidos son indocumentados, se trata de ciudadanos mexicanos y, según la Constitución mexicana, gozan de los mismos derechos y deberes que el resto de los mexicanos.

Ahora, las actuales autoridades mexicanas, y las que están por iniciar sus funciones en el Congreso de la Unión y la Presidencia de la Republica, tienen la posibilidad de contribuir a que mejore su situación y se normalice su vida, aunque sea de manera temporal.

Veremos si estas autoridades deciden ser parte de la solución o si con su indiferencia o indolencia se convierten en parte del problema que impida que los Dreamers elegibles puedan cumplir con los requisitos de DACA.

*Consultor, analista de políticas migratorias, ex diputado migrante en la LXX Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán, ex director general del Instituto Michoacano de los Migrantes en el Extranjero. 

**Consultor y especialista en temas migratorios, fideicomisario del Werner-Kohnstamm Family Fund.